Nacional
Texto: Diego Caballero
Las fusiones de cajas se aceleran entre tramas políticas y autonómicas
Los ataques contra las cajas de ahorro para que pasen a depender del sector privado se suceden en el único país donde representan más de la mitad del sistema financiero. El Banco de España pugna por ser el primer organismo habilitado para decidir si hay o no insolvencia, y nunca las comunidades autónomas, porque la inestabilidad de una entidad genera riesgos para el conjunto de una economía que requiere estructurarse

Las cajas de ahorro españolas están optando de forma mayoritaria por las fusiones frías para llevar a cabo la reestructuración del sector. Así se les permite compartir riesgos y conservar sus marcas diferenciadas en sus regiones de origen. Las dos principales, La Caixa y Caja Madrid, han mantenido en sus negociaciones para asociarse con otras entidades esa premisa. La primera, presidida por Isidre Fainé, negocia una fusión con Caixa Girona, mientras que la caja que comanda Rodrigo Rato ha culminado una integración virtual con la valenciana Bancaja y otras cinco entidades, Caixa Laietana, Caja de Ávila, Caja Insular de Canarias, Caja Segovia y Caja Rioja, conformando la primera gran caja del país, por encima de La Caixa, y la tercera entidad bancaria. Los consejos de las cajas de Murcia, Penedés, Granada y Sa Nostra están más cerca de unirse. En Andalucía, la Iglesia católica ha preferido entregar CajaSur al Banco de España para que sea subastada antes que caer en brazos de Unicaja, tan cercana a la Junta de Andalucía y a los socialistas. Los canónigos de la Catedral de Córdoba se han lavado las manos como Pilatos, desentendiéndose de una entidad en quiebra que deberá ser reflotada con dinero público, casi 1.800 millones de euros. Las pérdidas de 600 millones en el último año suponen la tercera parte de su agujero patrimonial. 30 entidades de las 45 existentes están abocadas a procesos de fusión, como recomiendan la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que deben estar culminados antes del 30 de junio. A pesar de las alertas sobre la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, los curas continuaron el año pasado inyectando decenas de millones en el negocio del ladrillo. Quedan cientos de viviendas en la Costa del Sol sin vender. Se trata de la segunda intervención del supervisor financiero en poco más de un año, tras la de Caja Castilla La Mancha, cuyos administradores fueron igualmente relevados por su pésima gestión, y la primera que se hace a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Para la segunda se aprobó un decreto que autorizaba emitir un aval del Tesoro de 9.000 millones de euros.
Los consejeros rechazaron la fusión con Unicaja, con la que venían negociando, aunque en privado se mantenían contactos con otras entidades radicadas en autonomías gobernadas por el PP. Ante los problemas de viabilidad, la confirmación de que se desangraba, y la imposibilidad de cerrar la integración, el Banco de España ordenó de madrugada la administración provisional por parte del FROB, designando para que controlen su actividad a tres gestores.


Artículo Completo en Cambio Financiero Nº24

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