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Texto:
Diego Caballero
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La
reforma laboral, en vía muerta, obliga a intervenir al Gobierno
Diálogo de sordos |
Los
plazos, dilatados una vez tras otra, se agotaron sin que los agentes
sociales alcanzaran el acuerdo. Los sindicatos temían lo peor, que
Zapatero escuchara mejor por el oído derecho que por el izquierdo,
facilitando así el despido a las empresas en dificultades. Rajoy
no está por colaborar con el Gobierno en la salida de la crisis.
Tan sólo le vale el adelanto de las elecciones
La soledad del
Gobierno se escenifica a golpe de decretazo, ya sea el plan de ajuste
para reducir el déficit o la reforma laboral, que ha permanecido
estancada durante dos años. Los sindicatos mayoritarios, dado que
el Ejecutivo socialista impuso su modelo al no haber al final acuerdo
entre los agentes sociales, se preparan para la huelga general en
el peor momento del presidente Rodríguez Zapatero y en el mejor
de Mariano Rajoy, al que las encuestas dan ya vencedor por mayoría
absoluta, a pesar de los casos de corrupción que afectan al PP en
varias comunidades autónomas.
Primero se puso la fecha del día 11 para aprobar una reforma laboral
que pivota sobre el coste de la contratación y la indemnización
por despido. En vista de las dificultades existentes se alargó el
plazo hasta mediados de junio para perfilar las cuestiones técnicas
y legislativas. Como el pacto no se produjo, el Gobierno llevó el
16 de junio al Consejo de Ministros un decreto que generaliza un
nuevo contrato de trabajo indefinido con una indemnización por despido
improcedente de 33 días frente a los 45 días actuales. El empleado
podrá perder su trabajo y percibir una indemnización de 20 días
si la empresa acredita sus dificultades económicas. El consenso
era la mejor vía, pero ni la patronal ni los sindicatos estaban
por la labor.
Se agotaron los plazos. El clima ha sido de desencuentro. Las centrales
mayoritarias, CCOO y UGT, no aceptan un decreto que contempla el
abaratamiento del despido y se proponen movilizaciones masivas y
contundentes que conduzcan a la huelga, tras el fracaso del paro
de los funcionarios por los recortes salariales. El ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, se incorporó a la negociación por indicación
directa del presidente, que suspendió un viaje a Brasil para estar
al corriente de lo que acontezca.
En CCOO se temían lo peor, lo que ha pasado, que el Gobierno ha
escuchado mejor por el oído derecho que por el izquierdo. Los márgenes
de discusión entre los agentes sociales han estado siempre muy reducidos.
El principal escollo hace referencia al despido, ya sea en la pretensión
empresarial de revisar sus causas, en la de abaratarlo o en la de
generalizar el contrato de 33 días. Tres aspectos que convergen
en lo mismo, una suerte de desprotección de derechos del trabajador,
cuando no hace mucho que el Ejecutivo repetía sin altibajos que
ellos nunca serían los perjudicados de una crisis que no crearon.
Y eso que los sindicatos han hecho propuestas en la mesa del diálogo
social que iban en la dirección de facilitar el coste del despido,
o de abaratarlo, pero sin que eso supusiese pérdida de derechos
indemnizatorios. La fórmula planteada por las dos centrales consistía
en que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que impera para las
empresas de menos de 25 empleados, repartiese un 60 por ciento a
cargo del patrono y otro 40 por ciento a cargo del propio fondo.
De esta manera al empresario le saldría más barato el despido, siempre
que esté justificado, y el obrero no perdería derechos indemnizatorios.
La patronal no aceptó, buscaba explotar el miedo a la crisis para
sacar ventaja. En estas condiciones la llamada a la huelga general
estaba cantada.
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Artículo
Completo en Cambio Financiero Nº24
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