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El
decreto del Gobierno para hacer aflorar el empleo sumergido contempla
hasta el último día de julio para que los empresarios que lo deseen
puedan dar de alta a los empleados que no tienen declarados sin
recibir la sanción administrativa correspondiente
Una razón por la que todavía no se ha producido un estallido
social en España, con casi cinco millones de parados y más de
un millón de hogares en los que no entran ingresos, tal vez se
encuentre en la economía sumergida. Alrededor de cuatro millones
de personas trabajan a escondidas, en empleos irregulares, no
declarados, según un estudio elaborado por la Fundación de Cajas
de Ahorros. Las medidas acordadas por el Gobierno para hacer que
aflore a la superficie no cuentan con la confianza de las organizaciones
sindicales y de empresarios.
Los técnicos de Hacienda calculan que esta actividad ilegal del
trabajo en negro mueve al año en torno a los 82.500 millones de
euros, casi el ocho por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña
(28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones), Andalucía
(11.549 millones), Comunidad Valenciana (8.347 millones), Galicia
(4.702 millones) y Castilla y León (4.612 millones). En conjunto,
la economía sumergida alcanza el 23,3 por ciento del PIB, lo que
supone unos 245.000 millones anuales de euros, de los que 161.647
millones de euros, el 66 por ciento, proceden del fraude fiscal.
El plan que ha entrado en vigor contempla que las sanciones se
multipliquen hasta por cinco en determinados casos. No obstante,
hasta el último día de julio los empresarios que lo deseen podrán
dar de alta en la Seguridad Social a los empleados que no tienen
declarados sin recibir la sanción administrativa correspondiente.
El decreto aprobado por el Ejecutivo contempla que puedan acogerse
a cualquier modalidad de contratación, si bien el contrato no
podrá ser inferior a seis meses. Pasado ese periodo de gracia,
que concluye a finales de julio, se endurecerán las sanciones
administrativas.
Una empresa que haya incumplido la obligación de dar de alta de
un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto
una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual
de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros
actuales. Si se da la circunstancia de que el trabajador compatibiliza
el cobro de la prestación por desempleo con trabajos en negro,
la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros
a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515
euros.
Esta iniciativa pretende intensificar la actividad y la eficacia
de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado
por parte de las inspecciones, con más acciones añadidas contra
el fraude. Las empresas que hayan cometido infracciones muy graves
perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general,
los beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción,
y podrán ser excluidas del acceso a tales ayudas por un periodo
máximo de dos años, que se reduce a un año cuando la infracción
es grave. El Ministerio de Trabajo se compromete, transcurridos
seis meses desde la entrada en vigor del real decreto, a realizar
una evaluación y seguimiento de los resultados de las medidas
acordadas, haciendo los cambios pertinentes . Valeriano Gómez,
ministro de Trabajo, entiende que el empleo sumergido es una de
nuestras principales lacras, por lo que ha expresado su deseo
de que se aproveche el plan especial de tres meses aprobado por
el Gobierno. Durante un encuentro con empresarios en la localidad
jiennense de Úbeda concretó que este plan es un programa pensado
más en el futuro que en el pasado.
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