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Nacional
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Texto:
Diego Caballero
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El
pensionazo
Zapatero,
perdido en su laberinto
Jubilación a los años 67 |
Alcanzar
el consenso sin el visto bueno de los sindicatos será una tarea
imposible. Lo que empezó como una propuesta terminó sólo en idea.
Más bandazos y marcha atrás. El Gobierno de Zapatero, en su permanente
desequilibrio, no cesa de improvisar, mientras avanza el drama del
desempleo
La propuesta
del Gobierno para retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años
ha provocado un rechazo general antes de que deba ser negociada
y matizada por los partidos y agentes sociales, más preocupados
de que se haya superado la cifra de los cuatro millones de parados.
Desde la calle se impone el malestar, la evidencia de que no es
lo mismo dedicarse a la política que ser un ciudadano de a pie.
Porque los mismos parlamentarios que en su día votarán ese nuevo
modelo y la modificación del periodo de cálculo, ellos sí, tienen
garantizada la pensión máxima, a pesar de que hayan cotizado por
este concepto sólo siete años. Ministros, diputados, senadores,
secretarios de Estado, altos cargos institucionales pueden disfrutar
de ese privilegio, negado al resto de los mortales. Hasta se les
permite compatibilizar el cobro de dos o tres tipos de pensiones.
Cualquier trabajador debe cotizar durante 35 años para percibir
la totalidad de la base reguladora de la pensión.
La alarma saltó hace tiempo, sin que nadie se atreviera a coger
el toro por los cuernos dado que durante los seis años del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero el fondo de reserva de la Seguridad
Social ha pasado de disponer de 15.000 millones de euros a más de
60.000. Los sindicatos, balanceados en cuantiosas subvenciones públicas,
esperarán al último segundo para movilizarse, si es que lo hacen.
Mientras tanto, prosigue la caída en picado de los socialistas en
los sondeos de opinión, que recogen el avance a trancas y barrancas
de una derecha incapaz de gobernar su casa, rodeada por la corrupción.
Un proyecto de reforma que se acompaña de un plan de austeridad
con un recorte del gasto público de 50.000 millones de euros, en
un intento de buscar un término medio que garantice el funcionamiento
del sistema de protección social en los próximos años. El documento
debe superar el filtro de la patronal y las centrales sindicales
en la mesa de diálogo social tripartita abierta para modificar el
mercado laboral y el de las pensiones, además de pasar por la Comisión
del Pacto de Toledo.
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Artículo
Completo en Cambio Financiero Nº20
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