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Texto:
Ramon Vilaró
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| Una
España débil preside la nueva UE |
La
presidencia semestral española de la Unión Europea, a partir del
primero de enero de 2010, no llega en el mejor contexto para el
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que lidera uno de los
pocos países de la UE que no logra superar la crisis economica y
social, marcada, en particular, por un alto índice de paro. Llega,
sin embargo, en un momento de euforia institucional en la UE, que
desde el pasado 1 de enero de 2009 aplica el Tratado de Lisboa,
que cuenta por vez primera de un presidente, el belga Herman Van
Rumpey, de 61 años, y una vicepresidente y Alta Representante de
la Política Exterior, la británica Catherine Ashton, de 53 años.
No hay que olvidar que es la culminación de un largo proceso, lleno
de escollos, desde el intento de contar con una Constitución Europea,
en 2003, hasta el compromiso del Tratado de Lisboa, condicionado
por los referéndum en Irlanda y el anti europeísmo del presidente
checo, Václav Klaus, que se negaba a firmar el Tratado.
El refuerzo institucional de la UE coincide, además, con el nombramiento
de la nueva Comisión Europea, el organismo que realiza las propuesta
y vela por su aplicación, en el que repite presidencia el portugués
José Manuel Durao Barroso y, en representación de España, el comisario
Joaquín Almunia, que pasará de su ex cargo de Economía y Finanzas
a la no menos importante vice presidencia y responsable de la cartera
de la Competencia del mercado interior. Es decir, salvaguardar las
reglas de un mercado económico transparente en el enjambre de empresas
e intereses comerciales, no siempre acorde con los derechos de los
450 millones de habitantes-consumidores que integramos la UE.
Con reservas y escepticismo, la Unión Europea da un gran paso al
frente de los retos que, como ciudadanos europeos, a todos nos afectan.
Van desde la superación de la crisis económica y social, a políticas
medioambientales, hasta la presencia europea en el mundo, sin olvidar
los principios de democracia y libertad en que se basan los tratados
de la UE. El Tratado de Lisboa, además, recoge, en realidad casi
el 90 % de los principios que proponía la Constitución Europea,
que no fue posible aplicar tras la negativa en los referéndum celebrados
en 2005, en Francia y Holanda.
Tener un presidente para un mandato, prorrogable, de dos años y
medio reforzará la coordinación de la UE, al dotar de voz propia
y continuidad a medio plazo el sistema de presidencias semestrales
–que seguirán vigentes– en las que bajo un orden rotatorio cada
Estado miembro ejerce de motor para la marcha de la UE. Un privilegio
que tocará ejercer al gobierno español, desde el próximo 1 de enero
hasta el 30 de junio de 2010.
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Artículo
Completo en Cambio Financiero Nº18
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